Publicado el 05/06/2025 por Administrador
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La Fiscalía de Perú ha solicitado una condena ejemplar contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia: 35 años de prisión para cada uno, por su presunta participación en una organización criminal que favoreció de forma ilegal a empresas vinculadas a uno de los proyectos energéticos más ambiciosos del país, el Gasoducto Sur Peruano.
La acusación, presentada por la fiscal Geovana Mori del Equipo Especial Lava Jato, sostiene que durante el mandato de Humala (2011-2016) se orquestó un esquema de colusión agravada para beneficiar al consorcio liderado por Odebrecht y otras firmas internacionales, manipulando procesos de licitación y ejecución del contrato del gasoducto, valorado en más de 7.000 millones de dólares.
Según la investigación, el expresidente y su esposa no solo facilitaron condiciones ventajosas a las empresas participantes, sino que también habrían recibido beneficios económicos a través de estructuras financieras opacas, constituyendo presunto lavado de activos. Los fiscales sostienen que este comportamiento se enmarca dentro de una red criminal organizada desde los más altos niveles del gobierno.
Además de la expareja presidencial, el requerimiento fiscal alcanza al exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, para quien se solicita una pena de 29 años de prisión, y a otras 19 personas, incluyendo exfuncionarios, empresarios y representantes de compañías vinculadas al consorcio beneficiado. También figura en la acusación la empresa Enagas Internacional SLU, señalada como parte del engranaje empresarial implicado.
Esta solicitud de condena se suma al proceso ya abierto contra Humala y Heredia por el delito de lavado de activos relacionado con los aportes ilegales de las campañas presidenciales de 2006 y 2011. En ese caso, la Fiscalía ya había solicitado una pena de 15 años de prisión para ambos.
La defensa de Humala ha calificado la nueva acusación como un “ataque político” sin fundamentos jurídicos sólidos, y ha adelantado que se responderá en los tribunales con pruebas que desvirtúan las imputaciones. Heredia, por su parte, se encuentra fuera del país y cuenta con asilo político en Brasil, lo que añade una dimensión internacional al caso.
El Gasoducto Sur Peruano fue uno de los proyectos emblemáticos de la gestión Humala, pensado para llevar gas natural a las regiones más desfavorecidas del sur del país. Sin embargo, la obra terminó paralizada y su licitación anulada tras los escándalos de corrupción vinculados a Odebrecht, dejando millonarias pérdidas y una huella de desconfianza en la gestión pública.
El proceso judicial recién inicia su etapa de control judicial, previa a un eventual juicio oral. Mientras tanto, el caso se convierte en un nuevo capítulo de los profundos escándalos de corrupción que han sacudido a la política peruana en los últimos años, donde prácticamente ningún expresidente ha salido indemne de la justicia.
La ciudadanía, harta de impunidad, sigue con atención este caso que podría marcar un precedente en la lucha contra la corrupción en las más altas esferas del poder.
